Oposición exige que Rubén Rocha Moya enfrente a la justicia estadounidense

La dirigencia nacional y diversos legisladores de la oposición en el Congreso de la Unión exigieron este domingo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea puesto a disposición de las autoridades judiciales de Estados Unidos. La postura surge tras el anuncio de una nueva licencia temporal solicitada por el mandatario estatal, medida que los bloques parlamentarios contrarios al gobierno calificaron como insuficiente ante la gravedad de las acusaciones que pesan sobre su administración desde el ámbito internacional.

Durante una conferencia de prensa, representantes parlamentarios señalaron que la separación temporal del cargo no debe ser utilizada como un mecanismo de impunidad para evadir las responsabilidades legales que el gobierno de Estados Unidos reclama. Según los voceros de la oposición, el estado de Sinaloa atraviesa una crisis de gobernabilidad que requiere una resolución definitiva y no medidas administrativas que consideran dilatorias para los procesos de investigación en curso.

La exigencia formal subraya que, ante los señalamientos emitidos por agencias extranjeras, el gobernador debería facilitar la cooperación con las autoridades judiciales correspondientes en lugar de mantenerse al margen mediante licencias temporales. Los legisladores advirtieron que la situación jurídica del mandatario afecta la estabilidad política de la entidad y la coordinación con las dependencias federales de seguridad, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Por su parte, los grupos parlamentarios de oposición han propuesto iniciar un diálogo formal en el Senado de la República para analizar la situación de la administración sinaloense. Aseguraron que buscarán que la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República se pronuncien sobre el alcance de las investigaciones internacionales, buscando garantizar que el Estado mexicano actúe con apego a los tratados de extradición y cooperación judicial vigentes.

Finalmente, la oposición hizo un llamado a las instituciones del Poder Judicial para que se mantengan vigilantes ante cualquier intento de utilizar recursos públicos para la defensa privada del gobernador. La tensión política en Sinaloa continúa en aumento, mientras la opinión pública permanece a la espera de una postura oficial por parte de las autoridades federales sobre el futuro inmediato del ejecutivo estatal y el impacto de esta crisis en la región.