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SRE exige revisión federal a proyecto de academia policial con Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que cualquier convenio de formación policial con el extranjero requiere validación del Gobierno federal.

Redacción Voz Plural
Foto: reforma

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró este martes que el proyecto para establecer una academia policial en el estado de Querétaro, en colaboración con autoridades de Estados Unidos, debe ser sometido formalmente a revisión por parte del Gobierno federal. La dependencia subrayó que cualquier acuerdo de cooperación internacional en materia de seguridad pública requiere cumplir con los protocolos de soberanía y los tratados vigentes suscritos por el Estado mexicano.

El pronunciamiento surge tras las intenciones anunciadas por autoridades estatales de fortalecer la capacitación de sus fuerzas policiales mediante esquemas de instrucción técnica provenientes del país vecino. De acuerdo con la postura oficial, si bien la colaboración internacional es un mecanismo válido, esta debe estar alineada con la estrategia nacional de seguridad y contar con el aval institucional de las áreas competentes, incluyendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Fuentes de la cancillería indicaron que el proceso de revisión tiene como objetivo asegurar que los programas de formación y entrenamiento respeten el marco legal mexicano y los principios de actuación de las fuerzas de seguridad locales. El Gobierno federal busca evitar que iniciativas independientes contravengan las políticas de seguridad diseñadas para el despliegue y la profesionalización de los elementos policiales en las entidades federativas.

Por su parte, el Gobierno de Querétaro ha manifestado su disposición para entregar la documentación técnica y los alcances del convenio para su análisis exhaustivo ante las instancias federales. Las autoridades locales sostienen que la academia busca elevar los estándares operativos ante los desafíos actuales en materia de prevención del delito, siempre bajo la supervisión y el cumplimiento de las normativas de cooperación internacional que exige el Ejecutivo federal.

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