Suprema Corte perfila invalidar reformas al Código Civil de Aguascalientes
La SCJN analiza la invalidez de cambios legales en Aguascalientes por omitir la consulta obligatoria a personas con discapacidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila declarar la invalidez de diversas reformas al Código Civil del estado de Aguascalientes. El máximo tribunal sostiene que las modificaciones legislativas, que impactan disposiciones sobre matrimonio, patria potestad, adopción y tutela, vulneran derechos fundamentales al haber sido aprobadas sin realizar previamente una consulta estrecha y directa con las personas con discapacidad.
El proyecto de sentencia que se discute en la Corte señala que el Congreso estatal incumplió con su obligación constitucional de consultar a este sector de la población antes de legislar sobre temas que inciden directamente en su esfera jurídica. Los ministros argumentan que la falta de este proceso participativo contraviene los estándares internacionales y nacionales que protegen a las personas con discapacidad en su derecho a participar en la toma de decisiones.
El análisis judicial destaca que las reformas impactan directamente en la capacidad jurídica y en el ejercicio de derechos civiles básicos. Al no integrar las voces de los colectivos afectados, la legislación vigente en la entidad carece del consenso necesario, lo que ha generado una serie de impugnaciones que actualmente se encuentran bajo el escrutinio de los integrantes de la SCJN.
De aprobarse el proyecto en los términos presentados, el Congreso de Aguascalientes se vería obligado a reponer el procedimiento legislativo. Esto implicaría la realización de consultas públicas y exhaustivas, cumpliendo con los protocolos de accesibilidad para que los ciudadanos con discapacidad puedan expresar sus posturas antes de que el Poder Legislativo local intente retomar las modificaciones a la normativa civil.
Por el momento, el Poder Judicial mantiene el análisis del caso ante la relevancia que implica el respeto a los derechos humanos en las leyes estatales. La resolución final sentará un precedente sobre la obligatoriedad de la participación ciudadana especializada en el proceso de creación de leyes que impactan a grupos en situación de vulnerabilidad en todo el territorio nacional.
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