Sheinbaum propone restringir uso de celulares en escuelas públicas de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este jueves a favor de implementar restricciones al uso de teléfonos celulares dentro de los planteles educativos del país. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que esta medida busca favorecer la concentración de los estudiantes y mejorar la convivencia escolar en el nivel básico, subrayando que la decisión final sobre su aplicación se definirá durante el mes de septiembre.

La propuesta, que está siendo analizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), plantea un esquema que permita regular el acceso a los dispositivos durante las horas de clase. Según información del equipo de la Presidencia, el objetivo central es reducir las distracciones digitales y fortalecer el aprovechamiento académico, además de prevenir situaciones de ciberacoso que han sido reportadas en diversas instituciones del sistema educativo nacional.

De acuerdo con la postura del Gobierno Federal, esta iniciativa no busca prohibir de manera absoluta la tecnología, sino establecer criterios claros para su uso responsable en los entornos de aprendizaje. Las autoridades educativas han comenzado a entablar diálogos con representantes del magisterio y especialistas en pedagogía para evaluar los alcances de esta política pública, buscando que sea una medida consensuada que considere las necesidades de las distintas regiones de México.

Se espera que en las próximas semanas, la titular de la SEP presente un esquema detallado sobre cómo se llevaría a cabo esta restricción. La estrategia contempla que el debate se extienda a la comunidad escolar, incluyendo a padres de familia y docentes, quienes desempeñarán un papel fundamental en la implementación de las nuevas normas que se definan al iniciar el mes próximo.

Este planteamiento se alinea con las discusiones globales sobre el impacto de la tecnología en la salud mental y el rendimiento de los menores de edad. Por ahora, el Gobierno Federal mantiene la apertura para recibir opiniones técnicas que permitan diseñar un protocolo que sea efectivo, respetuoso de los derechos de los estudiantes y adaptable a las realidades de las escuelas públicas del país.