Senado de Perú otorga facultades especiales a Keiko Fujimori

El Senado de la República del Perú aprobó este miércoles un proyecto de ley que faculta a la presidenta Keiko Fujimori para emitir decretos legislativos en materia de seguridad pública. Esta medida permitirá al Poder Ejecutivo dictar normas destinadas al combate contra el crimen organizado y la delincuencia sin requerir la aprobación previa del Legislativo, en un contexto de creciente preocupación social por la violencia en diversas regiones del país.

La decisión parlamentaria responde a una solicitud del gobierno peruano, argumentando que las herramientas legales actuales son insuficientes para enfrentar las estructuras delictivas que operan a nivel nacional. La propuesta busca agilizar la implementación de estrategias de inteligencia y operatividad, similares a los protocolos de seguridad que coordinan organismos como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en México, buscando una respuesta inmediata ante delitos de alto impacto.

Representantes del equipo gubernamental indicaron que esta facultad legislativa tendrá una vigencia limitada y estará sujeta a una rendición de cuentas ante el Congreso. El objetivo principal es fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden, optimizando los recursos operativos para retomar el control en zonas identificadas como focos rojos de actividad criminal.

La medida ha generado un intenso debate en la esfera política, donde diversos sectores han expresado reservas sobre los límites de este poder extraordinario. Mientras algunos sectores de la oposición advierten sobre la necesidad de mantener un equilibrio de poderes y contrapesos constitucionales, los defensores de la ley insisten en que la crisis de seguridad exige medidas extraordinarias para garantizar el bienestar de la ciudadanía.

El Ejecutivo peruano deberá presentar en los próximos días los primeros decretos derivados de esta autorización. Se espera que las acciones se enfoquen en la reforma de los sistemas de inteligencia y en la coordinación operativa entre las fuerzas de seguridad para reducir los índices delictivos que han afectado la vida cotidiana de las familias en los últimos meses.