Secretaria de Vivienda cuestiona gestión inmobiliaria de gobernadora ante crisis habitacional

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) lanzó este jueves una serie de señalamientos contra la gobernadora, acusando una aparente incongruencia en la gestión de bienes raíces de lujo frente a la negativa de implementar medidas para congelar los costos de los alquileres. La funcionaria federal subrayó que mientras diversos sectores de la población enfrentan dificultades crecientes para acceder a una vivienda digna, la administración estatal ha mantenido una postura de mercado libre que favorece la acumulación de propiedades de alta gama.

Durante una conferencia de prensa, el equipo de comunicación de la Secretaría enfatizó que la falta de intervención en el mercado de rentas está afectando directamente a las familias de menores ingresos en las zonas urbanas más densas. Según la dependencia, la estrategia actual de la gobernadora prioriza el desarrollo inmobiliario comercial sobre la necesidad de establecer topes que frenen el alza desmedida de los precios, un tema que ha generado tensiones entre el gobierno federal y diversas administraciones estatales en el contexto actual.

Por su parte, representantes del gobierno estatal defendieron su posición argumentando que el control de precios en el sector inmobiliario podría desalentar la inversión privada y frenar la construcción de nuevos desarrollos habitacionales. Sostienen que la solución a largo plazo no radica en la congelación de los costos, sino en incentivos fiscales para los desarrolladores y la simplificación de trámites para la edificación de vivienda de interés social en el estado.

El debate se ha centrado en las prioridades de política pública durante este cierre de mes de julio. La SEDATU ha propuesto abrir una mesa de diálogo nacional para revisar las leyes estatales de arrendamiento y buscar alternativas que garanticen la asequibilidad sin comprometer el crecimiento del sector constructor. Hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo sobre la implementación de mecanismos de control, manteniendo vigente la disputa sobre el rol que deben jugar los gobiernos estatales en la regulación del mercado habitacional.