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PVEM marca distancia ante el retorno de Rocha Moya al cargo

El coordinador parlamentario del Partido Verde en el Senado calificó como imprudente el regreso de Rubén Rocha Moya, desligando a su bancada de dicha decisión.

Redacción Voz Plural
Foto: cronica_mx

El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República manifestó este sábado su postura crítica frente al retorno de Rubén Rocha Moya a sus funciones como gobernador de Sinaloa. El legislador señaló que la reincorporación del mandatario estatal carece del respaldo político de la bancada de su partido en la Cámara Alta, calificando la decisión de Rocha Moya como una acción imprudente ante el escenario político actual que atraviesa la entidad.

Desde el recinto legislativo, el coordinador subrayó que el PVEM mantiene una postura de cautela respecto a los asuntos internos del Poder Ejecutivo estatal en Sinaloa. Según fuentes cercanas al grupo parlamentario, la dirigencia del partido busca desmarcarse de cualquier implicación en la estrategia política que permitió el regreso del gobernador, argumentando que las condiciones actuales requieren de un análisis más profundo y consensuado entre las fuerzas políticas que integran la coalición legislativa.

La declaración ocurre en un momento de alta tensión en la vida pública del estado, donde diversos sectores han expresado inquietudes sobre la estabilidad institucional. El líder parlamentario aclaró que, aunque el PVEM forma parte de los acuerdos de gobernabilidad a nivel federal, esto no implica una adhesión automática a las decisiones individuales tomadas por los gobernadores en sus respectivas administraciones estatales, especialmente cuando estas generan controversia en el ámbito nacional.

Finalmente, el grupo parlamentario reiteró que su agenda legislativa continuará enfocada en los temas prioritarios para el país y la consolidación de los programas de bienestar. El PVEM enfatizó que su labor en el Senado se mantendrá bajo una línea de autonomía, priorizando el diálogo institucional y el respeto a los procesos legales vigentes sobre las decisiones personales de actores políticos locales que podrían comprometer la unidad de la alianza gobernante.

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