Propuesta Cívica denuncia persistente impunidad en agresiones contra periodistas en Veracruz

La organización Propuesta Cívica presentó esta semana el informe titulado “Prohibido investigar”, un documento que expone la persistente impunidad que enfrentan los periodistas en el estado de Veracruz. Durante la presentación, los integrantes de la asociación señalaron que el análisis se centra en las trayectorias y los casos no resueltos de los comunicadores Milo Vela, Yolanda Ordaz, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, cuyas investigaciones periodísticas fueron interrumpidas por la violencia.

El reporte destaca que, a pesar de los mecanismos de protección existentes, la justicia en Veracruz sigue siendo un terreno complejo para los profesionales de la información. Propuesta Cívica enfatizó que la falta de resultados en las carpetas de investigación por parte de las autoridades locales contribuye a un ambiente de vulnerabilidad, donde el ejercicio del periodismo conlleva riesgos significativos para quienes buscan documentar la realidad social y política del estado.

La investigación detalla cómo los casos de Vela, Ordaz, Luna y Rodríguez representan un patrón de ataques que se han mantenido vigentes a lo largo de los años. La organización hizo un llamado a las instituciones de procuración de justicia para fortalecer las capacidades investigativas y garantizar que los delitos cometidos contra el gremio no queden en el olvido, insistiendo en la necesidad de una rendición de cuentas efectiva.

Asimismo, Propuesta Cívica planteó la necesidad de implementar protocolos más estrictos que permitan una coordinación eficiente entre las autoridades estatales y la Fiscalía General de la República. Según los representantes de la organización, la impunidad no solo afecta a las víctimas directas y sus familias, sino que debilita el tejido democrático al inhibir la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

El documento concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a los niveles de gobierno estatal y federal, instando a una revisión profunda sobre cómo se están gestionando las agresiones contra la prensa. La organización reafirmó su compromiso de continuar acompañando a los familiares de las víctimas y de seguir visibilizando la crisis de seguridad que enfrenta el sector periodístico en diversas regiones de México.