Luisa María Alcalde niega existencia de listas negras contra periodistas
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal desmintió señalamientos sobre la creación de listas negras y calificó las acciones como un análisis de ecosistemas digitales.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, rechazó este viernes las acusaciones sobre la supuesta creación de una lista negra de periodistas. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria aclaró que los señalamientos son infundados y descartó que desde el Gobierno Federal se busque restringir la labor informativa de los comunicadores en el país.
Alcalde Luján explicó que las acciones realizadas en el marco del programa "Derecho de Réplica" se limitaron estrictamente a un ejercicio de observación sobre el funcionamiento de los ecosistemas digitales. Según la consejera, el objetivo de dicho monitoreo es comprender cómo circulan las narrativas en las redes sociales y plataformas digitales, sin que esto implique una persecución o censura hacia integrantes de la prensa nacional.
La funcionaria enfatizó que el Gobierno Federal mantiene su compromiso con la libertad de expresión y el respeto a la labor periodística. Aseguró que las actividades de análisis buscan fortalecer la transparencia en la comunicación institucional y garantizar el acceso de la ciudadanía a información veraz frente a la proliferación de contenidos en el entorno digital.
Este pronunciamiento surge en un contexto donde el debate público sobre la relación entre el poder político y los medios de comunicación ha cobrado relevancia. Las autoridades federales han reiterado que cualquier revisión sobre el flujo de información en internet se realiza bajo los marcos legales vigentes, evitando cualquier práctica que vulnere el ejercicio profesional de los reporteros.
El Gobierno Federal sostiene que continuará con sus estrategias de comunicación habituales, buscando siempre mantener un diálogo abierto con los diversos sectores de la sociedad. La consejera jurídica subrayó que no existe ninguna política oficial orientada a clasificar o vetar a trabajadores de los medios, invitando a la población a observar el desarrollo de las políticas públicas con objetividad.
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