Hacienda propone reducir 12% derechos por uso de espectro radioeléctrico para 2027

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso oficialmente una reducción del 12% en el pago de derechos por el uso de diversas bandas del espectro radioeléctrico para el ejercicio fiscal 2027. Esta iniciativa, integrada en el paquete económico presentado ante el Congreso de la Unión, busca ajustar las cargas fiscales que enfrentan los operadores de telecomunicaciones en México, bajo el argumento de fomentar una mayor inversión en infraestructura y mejorar la conectividad a nivel nacional.

El espectro radioeléctrico representa uno de los insumos más costosos para las empresas del sector, lo que históricamente ha sido señalado por analistas y concesionarios como un freno para el despliegue de redes de nueva generación. A pesar de la propuesta, diversos especialistas del sector coinciden en que, aunque el ajuste representa un avance en la política recaudatoria, el costo sigue siendo significativamente elevado en comparación con los parámetros internacionales y las necesidades de cobertura en zonas rurales.

La postura del gobierno federal apunta a que esta rebaja permitirá a las empresas destinar más recursos a la expansión de servicios, particularmente en regiones donde la conectividad aún es limitada. No obstante, el debate en el Poder Legislativo se centrará en evaluar si el porcentaje de reducción es suficiente para alterar la estrategia de inversión de los operadores, o si se requieren ajustes estructurales más profundos en la Ley Federal de Derechos.

Por su parte, organizaciones civiles y observatorios de telecomunicaciones han señalado que el alto costo de los derechos no es el único obstáculo para la conectividad. La falta de infraestructura pasiva en municipios alejados y los retos logísticos para la instalación de antenas siguen siendo factores críticos que, según los expertos, no se verán resueltos exclusivamente con una disminución en el pago por el uso del espectro.

La propuesta deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República en los próximos meses. De concretarse, el cambio entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2027, marcando un precedente en la política pública de telecomunicaciones del país bajo la administración actual.