FGR y fiscalías estatales acuerdan nuevo protocolo contra desapariciones en México

La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de las 32 entidades federativas aprobaron este lunes un nuevo protocolo homologado para la investigación de desapariciones forzadas y cometidas por particulares. El acuerdo se alcanzó durante la reciente sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), donde se destacó la urgencia de estandarizar los procesos forenses y de búsqueda en todo el territorio nacional.

El eje central de este encuentro fue el impulso a una Estrategia Nacional de Fortalecimiento Institucional, diseñada específicamente para las fiscalías especializadas en desaparición. Esta propuesta busca dotar a las unidades estatales de mayores herramientas técnicas, tecnológicas y de capacitación ministerial, permitiendo una coordinación más ágil con los organismos federales y las comisiones locales de búsqueda.

Los representantes de las fiscalías señalaron que el objetivo principal es reducir los tiempos de respuesta ante las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas. Se contempla la creación de bases de datos compartidas que permitan el cruce de información en tiempo real, facilitando la identificación de personas y la localización de indicios en investigaciones complejas que cruzan fronteras estatales.

De acuerdo con los planteamientos discutidos en la asamblea, la estrategia también busca mejorar el acompañamiento a las víctimas indirectas y los colectivos de búsqueda. Las autoridades enfatizaron que el fortalecimiento institucional es un paso necesario para garantizar el acceso a la justicia y la verdad, reconociendo que la eficacia del sistema depende de la colaboración estrecha entre el Ministerio Público y los peritos especializados.

Aunque el protocolo fue aprobado formalmente, su implementación será gradual en cada entidad federativa. Las autoridades federales se comprometieron a supervisar el avance de esta estrategia nacional mediante evaluaciones periódicas, asegurando que los recursos destinados para este rubro sean utilizados exclusivamente para optimizar la labor de las fiscalías en las investigaciones de alto impacto.