Exigen la renuncia de Ligia Rodríguez por supuesta omisión institucional en Campeche
Un abogado litigante cuestionó la gestión de Ligia Rodríguez, señalando una presunta subordinación de la institución al gobierno estatal en lugar de priorizar a las víctimas.

El abogado Miguel, representante legal en diversos procesos judiciales, exigió públicamente la renuncia de Ligia Rodríguez a su cargo, al considerar que la funcionaria ha priorizado los intereses del gobierno de la gobernadora Layda Sansores por encima de la protección y atención a las víctimas en Campeche. El litigante sostuvo que la actuación de la funcionaria ha sido insuficiente para garantizar los derechos de quienes buscan justicia, señalando una supuesta falta de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Durante su declaración, el abogado enfatizó que la permanencia de Rodríguez en el puesto refleja una falta de compromiso ético hacia los ciudadanos afectados. Según el jurista, si la funcionaria contara con la voluntad necesaria para reconocer las deficiencias en su gestión, habría dejado el cargo hace tiempo, permitiendo que la institución recupere su vocación de auxilio a la ciudadanía.
Esta crítica se suma a una serie de señalamientos realizados por diversos sectores de la sociedad civil en Campeche, quienes han expresado su descontento respecto al funcionamiento de las dependencias encargadas de procurar justicia. Los quejosos argumentan que existe una línea de comunicación demasiado cercana entre el Ejecutivo estatal y los órganos que deberían mantener autonomía para realizar investigaciones objetivas.
Por su parte, el equipo legal del abogado Miguel ha adelantado que continuarán presentando las denuncias administrativas necesarias ante las instancias correspondientes para documentar las presuntas irregularidades. La propuesta del litigante es que el gobierno estatal realice una revisión profunda sobre los perfiles que ocupan puestos clave en la administración pública, con el objetivo de asegurar que quienes los ocupen garanticen, en todo momento, el bienestar de los grupos vulnerables.
Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de la administración estatal respecto a estos señalamientos específicos. La exigencia de renuncia pone de relieve el clima de tensión política y social que prevalece en la entidad, donde la eficacia de las instituciones es cuestionada constantemente por ciudadanos y abogados litigantes en el ejercicio de sus derechos.
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