El abandono familiar representa la mayoría de delitos contra menores en Sonora

En lo que va de 2026, más de la mitad de los delitos cometidos contra menores de edad en el estado de Sonora corresponden al incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, según reportes de la Fundación Nueva Generación Sonora. Esta problemática, que implica la falta de pago de pensiones alimenticias y el desamparo parental, se ha posicionado como la principal vulneración a los derechos de la infancia en la entidad, superando estadísticamente a otros ilícitos de distinta índole.

La organización civil advierte que este fenómeno se encuentra profundamente normalizado en diversos contextos sociales del estado, lo que dificulta la denuncia y la atención oportuna por parte de las autoridades ministeriales. A pesar de que la ley estipula sanciones claras para quienes evaden sus responsabilidades, el impacto emocional, educativo y económico sobre los menores afectados es persistente y suele ser irreversible si no se interviene con celeridad.

Especialistas de la fundación han señalado que la falta de seguimiento en los procesos judiciales y la carga administrativa en las fiscalías locales contribuyen a que muchos casos de abandono queden en la impunidad. La situación exige una coordinación más estrecha entre las instituciones de asistencia social, el Poder Judicial del estado y las instancias encargadas de garantizar el bienestar de la niñez para asegurar que los padres cumplan con sus deberes fundamentales.

Ante este panorama, diversos colectivos han propuesto la creación de mecanismos de supervisión más estrictos y la digitalización de los procesos de seguimiento para pensiones alimenticias. Asimismo, se ha sugerido fortalecer las campañas de sensibilización en las escuelas y centros comunitarios para visibilizar que el abandono familiar no es una cuestión privada, sino una responsabilidad jurídica que el Estado debe garantizar.

La problemática sigue siendo una asignatura pendiente para las autoridades locales, quienes enfrentan el reto de reducir los tiempos de respuesta en las denuncias presentadas. Mientras tanto, miles de menores en Sonora continúan esperando el respaldo institucional necesario para acceder a la manutención y protección que, por derecho, les corresponde según las leyes mexicanas vigentes.