Diputados exigen frenar retenes ilegales en carreteras mexicanas

Diversos integrantes de la Cámara de Diputados han manifestado su preocupación ante el incremento de reportes sobre puestos de control de dudosa legitimidad, conocidos coloquialmente como retenes de 'policías con tenis', en diversos tramos carreteros del país. Según los legisladores, estas inspecciones carecen de protocolos oficiales y generan incertidumbre entre los automovilistas y transportistas que transitan diariamente por las vías federales.

El problema, señalan los representantes populares, radica en la falta de identificación clara de los sujetos que operan estos puntos de revisión. En muchos casos, los individuos no portan uniformes reglamentarios ni insignias oficiales de la Guardia Nacional o de las corporaciones estatales, lo que dificulta distinguir entre una autoridad legítima y grupos que buscan cometer actos ilícitos bajo la apariencia de un operativo de seguridad.

Ante este escenario, la facción legislativa ha propuesto un exhorto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que refuerce la vigilancia en las rutas con mayor incidencia de denuncias. Los diputados subrayan que la seguridad pública debe garantizar el libre tránsito y la protección de los ciudadanos, evitando que los operativos se conviertan en mecanismos de extorsión o intimidación para quienes circulan por las carreteras.

Asimismo, los legisladores sugieren la implementación de una campaña informativa que permita a la población identificar plenamente los vehículos y uniformes autorizados para realizar inspecciones. La propuesta busca que cualquier operativo de seguridad sea visible, protocolario y cuente con la presencia de personal debidamente acreditado para evitar confusiones que pongan en riesgo la integridad de los conductores.

Finalmente, se ha hecho un llamado a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para colaborar en el monitoreo de las rutas mediante sistemas de vigilancia permanente. El objetivo es recuperar la confianza de los usuarios de las carreteras y asegurar que las fuerzas de seguridad actúen siempre bajo el marco de la legalidad vigente en el territorio nacional.