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Diputado Antonio Attolini califica de imprudente el regreso de Rubén Rocha

El legislador estatal de Morena cuestionó la reincorporación del gobernador de Sinaloa, alineándose con la postura oficial de la dirigencia nacional del partido.

Redacción Voz Plural
Foto: zocalo

El diputado local de Morena, Antonio Attolini, calificó este sábado como una decisión imprudente el reciente regreso de Rubén Rocha a sus funciones como gobernador de Sinaloa. El legislador manifestó su preocupación ante el contexto político y social que atraviesa la entidad, señalando que las condiciones actuales exigen una evaluación más profunda sobre la estabilidad administrativa del estado.

Durante su declaración, Attolini subrayó que su postura coincide plenamente con los lineamientos y el posicionamiento expresado por la dirigencia nacional de Morena. El diputado enfatizó que, ante los desafíos que enfrenta la gestión pública en la región, es fundamental mantener una unidad de criterios que priorice la gobernabilidad y el bienestar de los ciudadanos por encima de decisiones individuales.

La reincorporación de Rocha ha generado diversas reacciones dentro de la esfera política nacional, provocando debates sobre la oportunidad del retorno frente a las investigaciones y señalamientos que han rodeado a la administración sinaloense en meses recientes. El legislador remarcó que cualquier movimiento en la titularidad del Ejecutivo estatal debe estar sujeto a un escrutinio riguroso, especialmente cuando se trata de figuras que ocupan cargos de alta responsabilidad.

Fuentes cercanas al equipo del diputado confirmaron que esta postura no es aislada, sino que busca reforzar el mensaje de disciplina interna que ha promovido la cúpula del partido a nivel federal. Attolini insistió en que el objetivo de estas declaraciones es fomentar una reflexión necesaria sobre las implicaciones políticas de las decisiones de gobierno en el clima de inseguridad y polarización que prevalece en diversas zonas del país.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a las autoridades correspondientes para garantizar que cualquier proceso de transición o retorno en los cargos públicos se realice bajo estricto apego a la legalidad y con total transparencia. Según el legislador, la estabilidad de las instituciones depende directamente de la prudencia y la responsabilidad con la que actúan quienes ostentan el poder en los estados.

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