Cuestionan opacidad en la declaración patrimonial del titular de Marina

La excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha cuestionado públicamente la reserva de información sobre el patrimonio del almirante Rafael Ojeda Durán, actual titular de la Secretaría de Marina (SEMAR). El señalamiento surge tras detectar que los datos sobre sus bienes, inversiones y paradero se encuentran bajo un esquema de protección que impide el escrutinio ciudadano, argumentando riesgos a la seguridad nacional. Este mecanismo ha generado un debate sobre los límites de la transparencia en las fuerzas armadas.

Según lo expuesto por la exfuncionaria, el titular de la SEMAR cuenta con lo que ha denominado un doble blindaje informativo. Esta situación dificulta que los ciudadanos conozcan el estado real de sus activos, lo cual, a juicio de especialistas en transparencia, contraviene los principios de rendición de cuentas que deben regir a los altos mandos del gobierno federal. La crítica se centra en la falta de justificación técnica que demuestre cómo el conocimiento de un patrimonio personal podría poner en riesgo operaciones tácticas o la seguridad de la nación.

La controversia pone nuevamente sobre la mesa la tensión entre la seguridad nacional y el derecho humano de acceso a la información. Mientras la institución naval sostiene que la clasificación de datos es necesaria para salvaguardar la integridad de sus integrantes y la operatividad de la dependencia, diversos sectores de la sociedad civil han solicitado una revisión exhaustiva de estos criterios. El objetivo, señalan, es evitar que la figura de la seguridad sea utilizada como un escudo para evitar la fiscalización de los funcionarios públicos de mayor jerarquía.

El debate también toca la responsabilidad de otros organismos autónomos y del Congreso de la Unión para vigilar que las reservas de información no se conviertan en una práctica sistemática. Hasta el momento, no se ha presentado una aclaración oficial que detalle los alcances específicos de esta restricción, dejando la incertidumbre sobre si el blindaje responde a una necesidad operativa o a una política de opacidad institucional. La sociedad civil organizada mantiene su exigencia de conocer los límites de dicha reserva para garantizar la probidad en el ejercicio del servicio público.