Ciudadanos con discapacidad solicitan reformar el reglamento de vialidad y tránsito

Un grupo de ciudadanos con discapacidad se manifestó este viernes ante las oficinas municipales para solicitar una actualización integral al Reglamento de Vialidad y Tránsito. El objetivo principal de los peticionarios es que la normativa local contemple criterios técnicos de accesibilidad universal que faciliten la movilidad autónoma y segura en las vías públicas de la ciudad.

Los representantes del movimiento señalaron que, en la actualidad, diversos apartados del reglamento vigente resultan insuficientes para garantizar el libre tránsito de personas con movilidad reducida. Entre los puntos críticos expuestos, destacan la necesidad de endurecer las sanciones para quienes obstruyen rampas, así como la obligatoriedad de rediseñar espacios de estacionamiento exclusivos bajo estándares internacionales de señalización y dimensiones.

La propuesta entregada a las autoridades incluye un pliego técnico donde se solicita la revisión de los tiempos en los semáforos peatonales, argumentando que los ciclos actuales no permiten el cruce seguro de personas en sillas de ruedas o con bastones. Los ciudadanos enfatizaron que estas modificaciones no solo beneficiarían a las personas con discapacidad, sino que mejorarían la seguridad vial para adultos mayores y familias con carreolas en las zonas de mayor afluencia.

Por su parte, los funcionarios municipales recibieron el documento y se comprometieron a turnar la petición ante la Comisión de Movilidad del Cabildo para su análisis técnico. Se espera que, en las próximas semanas, se organicen mesas de trabajo donde especialistas en urbanismo y representantes de la sociedad civil colaboren en la redacción de una posible reforma al marco regulatorio local.

Este esfuerzo ciudadano se enmarca en una tendencia creciente en diversas entidades del país por armonizar las leyes de tránsito estatales y municipales con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La intención final es que la infraestructura urbana y las reglas de convivencia vial reflejen un compromiso real con el derecho a la movilidad accesible para toda la población.