Armenta denuncia irregularidades financieras y concesiones irregulares de gestiones anteriores

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, denunció este viernes la existencia de un complejo esquema de irregularidades administrativas, al que denominó como huachicoleo presupuestal, fiscal y del agua, derivado de las gestiones estatales previas vinculadas al Partido Acción Nacional. El mandatario estatal subrayó que estas prácticas impactaron severamente las finanzas públicas mediante proyectos de gran escala y esquemas de concesión que han sido objeto de análisis por parte de la actual administración.

Durante su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo poblano precisó que los mecanismos identificados incluyen la implementación de Asociaciones Público-Privadas que comprometieron el erario a largo plazo, además de la construcción de obras emblemáticas como el Museo Internacional del Barroco. Estas estructuras, según lo expuesto, fueron diseñadas para trasladar costos operativos al estado bajo términos financieros que, a juicio de la administración actual, resultan desproporcionados para el presupuesto estatal.

En cuanto a la gestión del recurso hídrico, Armenta hizo énfasis en la concesión del servicio de agua potable, la cual ha sido una constante fuente de descontento social por la calidad y el costo del suministro. El gobernador insistió en que las investigaciones administrativas y legales sobre estos procesos siguen abiertas, con el objetivo de deslindar responsabilidades por posibles daños al patrimonio de la entidad.

El equipo de comunicación del gobierno estatal informó que las autoridades competentes continúan integrando los expedientes necesarios para esclarecer el destino de los recursos públicos. Se ha enfatizado que el proceso se mantiene bajo los cauces institucionales correspondientes, buscando transparencia en el manejo de las finanzas y la revisión de los contratos que aún permanecen vigentes.

Finalmente, el gobernador reiteró su compromiso con la revisión exhaustiva de todos los proyectos heredados que presentan anomalías financieras. La administración estatal buscará, mediante las instancias legales, salvaguardar el presupuesto de los ciudadanos y asegurar que las concesiones públicas operen bajo criterios de eficiencia y beneficio social, lejos de las irregularidades detectadas en años anteriores.