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Abogado exige suspender desahucios de adultos mayores sin alternativa habitacional

El jurista Mariano Benítez de Lugo solicitó protección judicial para personas vulnerables, argumentando la obligación estatal de garantizar vivienda y salud.

Redacción Voz Plural
Foto: infobae

El abogado Mariano Benítez de Lugo hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para implementar una suspensión inmediata de los desalojos que afecten a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El jurista argumentó que los poderes públicos tienen la responsabilidad constitucional de salvaguardar el derecho a la salud y a una vivienda digna para este sector de la población, especialmente cuando se carece de una alternativa habitacional viable.

Durante su intervención, el especialista enfatizó que los procesos judiciales deben considerar el estado de fragilidad de los afectados antes de ejecutar cualquier orden de lanzamiento. La propuesta busca que los juzgados y las instancias de gobierno coordinen esfuerzos para evitar que personas de la tercera edad queden en situación de calle, solicitando que se priorice la intervención de las instituciones de asistencia social antes de consumar un desahucio.

Esta postura se alinea con la creciente preocupación por el acceso a la vivienda en las zonas urbanas de México, donde el incremento en los costos de renta ha impactado severamente a quienes dependen de pensiones o apoyos gubernamentales. Benítez de Lugo subrayó que la ley debe interpretarse bajo un enfoque de derechos humanos, instando a que los jueces apliquen criterios de proporcionalidad que eviten el desamparo total de los ciudadanos más vulnerables.

Finalmente, el abogado propuso que el Estado establezca protocolos de actuación obligatorios para las autoridades locales y federales. Según esta visión, ninguna orden de desalojo debería ejecutarse sin que previamente se haya verificado la existencia de un refugio o programa de vivienda temporal por parte de las secretarías correspondientes, asegurando así que la protección del bienestar social prevalezca sobre los procedimientos de carácter patrimonial.

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